Durante el reinado de Fernando VII, Tenerife recibe un trato de favor gracias a la influencia que sobre él ejercía su confesor, el tinerfeño Bencomo. En 1852, se divide la provincia Canaria en dos distritos económicos y administrativos diferentes, para de esta manera atenuar el conflicto, aunque esta división duro poco. Ya, en 1912, se crea la Ley de Cabildos, para intentar satisfacer a ambas partes. Esto no agrado a los que pedían la división provincial, especialmente desde Gran Canaria, y a los que abogaban por la autonomía regional, mayoritariamente desde Tenerife. En 1927 se determinó la división en las dos provincias que hoy conocemos.

En 1982, con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias, se determina la capitalidad compartida entre Tenerife y Gran Canaria.