La alternancia en el poder estaba pactada de antemano entre Cánovas y Sagasta. El rey mandaba formar gobierno al jefe del partido más votado. Cuando el partido que estaba en el poder sufría un desgaste político y perdía la confianza de las Cámaras, el rey llamaba a formar gobierno al jefe del partido de la oposición. El nuevo presidente nombraba sus gobernadores provinciales y convocaba elecciones. Los gobernadores ‘preparaban’ las elecciones, de manera que el Gobierno no tuviese impedimento alguno en ganarlas. Los resultados eran manipulados por el sistema del ‘encasillado’.

El encasillado

El Ministerio de la Gobernación confeccionaba, antes de las elecciones, el nombre de los diputados que saldrían elegidos por cada distrito con su número exacto y su afiliación política. Se elaboraban las papeletas y se enviaban a los gobernadores civiles indicándose claramente cuál era la casilla que debía marcarse. Posteriormente, los gobernadores se reunían con los alcaldes y caciques locales, que hacían el resto.

El cacique era un gran terrateniente local, a menudo alcalde o diputado provincial que controlaba al maestro, al cura y a la Guardia Civil. Estos caciques conseguían los votos de su amplia clientela preparando las elecciones en su distrito. A veces pagaban a diversos ‘muñidores’, que convencían a los electores marcándoles su voto mediante coacciones de todo tipo. En otras ocasiones, establecían un patronato, por el que ofrecían empleo, mejoraban las escuelas o las carreteras, daban permisos para edificar, exenciones militares o reducción en las contribuciones a cambio de fidelidad electoral. Si aún así las urnas daban un resultado contrario al interés del gobierno convocante, se recurría al pucherazo.

El pucherazo

El pucherazo era uno de los métodos de manipulación electoral más usados durante el periodo de la Restauración en España, para permitir la alternancia pactada previamente entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. El pucherazo comprendía toda una amplia tipología de maniobras delictivas de contenido muy diferente: compra de votos, falsificación de actas, coacciones, etc. pero cuyo resultado final era, siempre, burlar la voluntad del electorado.

Para llevar a cabo la manipulación, se añadían o se sustraían papeletas de votación de la urna electoral, o ‘puchero’, a conveniencia para obtener el resultado deseado; se colocaban las urnas en lugares de imposible acceso, como habitaciones cerradas o el local del partido, impidiéndose el acceso a quienes no fueran socios; o se falsificaba el censo, impidiendo votar a personas vivas y contándose los sufragios de fallecidos (lázaros) y de ‘cuneros‘, electores que se inscribían irregularmente en una circunscripción que no les correspondía.

Una constante del siglo XIX

“Más, a propósito de ésta y de las demás numerosas elecciones de diputados que desde el establecimiento del nuevo sistema que principió en la revolución de 1836, vienen haciéndose en esta provincia, debemos en honor de la verdad dejar consignado que las nulidades, los vicios, y las más imprudentes falsificaciones habían venido observándose de más en más. Ya no era bastante la influencia del caciquismo en los pueblos, ni la alteración de la verdad en las mesas electorales; y ya era poco haber falsificado en una sola noche, e interviniendo con ello las autoridades mismas, que dirigían esta operación en sus propias oficinas, hasta once actas electorales; ya era poco que entre las actas electorales que se conservaban en los ayuntamientos y las que se hicieron pasar como autógrafas, y traídas por los comisionados, no hubiese conformidad alguna, ni en lo sustancial de ellas, ni aún en la letra y rúbricas de los presidentes y escrutadores. Ya era poco que, denunciados estos hechos a las Cortes, se hubiese mandado formar causas, que no tuvieron lugar, porque en materia de elecciones se había sancionado por la creencia de muchos el principio de que nada absolutamente es delito.”

DE LEÓN, F.M., 1978, p. 340

LOBO CABRERA, Manuel; et al. Textos para la historia de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria: Ediciones del Cabildo Insular, 1994. pp. 389-390