“Los orígenes de este proceso hay que situarlos en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se ponen en marcha las primeras medidas desamortizadoras consistentes en el reparto de dehesas concejiles y tierras baldías. El fracaso de los repartos de tierras va a determinar un problema constante en las primeras décadas del siglo XIX, donde se une la usurpación masiva de tierras públicas, por parte de los campesinos sin tierras y de los poderosos locales, con la proliferación de programas de repartimiento de baldíos puestos en práctica por las autoridades locales. En torno a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX se desencadena además otro de los problemas más graves de la agricultura canaria de fines del Antiguo Régimen, la extinción de las numerosas rentas impuestas sobre las propiedades en el pasado. La abrumadora carga de censos y tributos impuestos sobre las propiedades de las islas constituía un lastre para la agricultura regional que ya había sido señalado con clarividencia por ciertos sectores ilustrados, sin embargo, las medidas legales que puso en marcha el Estado por la redención de censos entraron en conflicto con los intereses de la poderosa terratenencia de las islas y no llegaron a aplicarse de forma generalizada hasta mediados del siglo XIX. Por su parte la enajenación de las propiedades amortizadas del clero y la desvinculación de mayorazgos, al poner en el mercado una gran cantidad de tierras, contribuyeron a transformar las estructuras de la propiedad en las islas, y junto a la vieja terratenencia laica surgió un nuevo y potente grupo de propietarios compuesto por ciertos sectores de la burguesía local ligada a las actividades comerciales y agrarias y a la propia Administración del Estado.”
NÚÑEZ PESTANO, Juan Ramón. La liberalización de la tierra: la desamortización. 1991.
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