El advenimiento de la República el 14 de abril de 1931 supuso un recambio en la estancia en el poder, pero no en la tenencia del poder; éste siguió estando en manos de la oligarquía agraria y financiera. Este principio general para todo el Estado tiene en Canarias, si cabe, una mayor aplicación. La oligarquía canaria perdió los aparatos del poder local, pero no el ejercicio del poder real. Momentáneamente desorganizada, por la sorpresa que le supuso la proclamación de la República, realiza un repliegue táctico coyuntural, para desde ese momento comenzar a reorganizarse dentro de una nueva legalidad, buscando alianzas y líderes para aprestarse a la conquista del poder local y estatal. Es evidente que esta pérdida de la estancia en el poder habría que matizarla por lo que se refiere a las zonas rurales donde el control de los ayuntamientos siguió en sus manos hasta el final de la República salvo en algunas zonas.
No obstante, la proclamación de la República permitió en los cinco años subsiguientes un protagonismo importante de las masas populares, del movimiento obrero y de los partidos donde la clase obrera y las clases medias estaban insertas. Protagonismo que va a chocar frontalmente con el bloque de poder oligárquico, traduciéndose en un aumento claro de la conflictividad, aunque sin violencias destacables. Esta toma de conciencia de las organizaciones obreras y sectores de la pequeña y mediana burguesía estuvo prácticamente restringido a los núcleos urbanos más importantes.
ORIHUELA, A. y otros, 1992, p.11
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